POLÍTICA, BUROCRACIA Y GESTIÓN CULTURAL

En su célebre texto ¿Qué es la burocracia? Max Weber la definía como la organización eficiente por excelencia, llamada a resolver de forma racional los problemas del Estado, la sociedad y las empresas. Para este polifacético pensador alemán, estaba diseñada científicamente para funcionar con exactitud -ni más, ni menos- y lograr los fines para los cuales fue creada en beneficio del capitalismo moderno y en el avance de la democracia de masas. La burocracia en su justa y equilibrada medida sería el mejor sistema de garantías ciudadanas que nos permitiría depositar nuestra confianza en el estado democrático para que gestione nuestro patrimonio y los recursos públicos. En esta dirección se pueden entender también los recientes alegatos en defensa de una burocracia socialista que, de forma reiterada, viene proponiendo el polémico filósofo esloveno Slavoj Zizek, para hacer llegar la sanidad o la educación (cultura) a todos aquellos que en este último ciclo de acumulación capitalista han visto recortados sus derechos.

Fue a partir de la célebre novela El castillo de Franz Kafka cuando, tal vez, se popularizó la connotación negativa y mucho más extendida que tiene hoy en día este vocablo. A través de las páginas de su novela póstuma podemos comprender la lucha y la consiguiente alienación y frustración, aparentemente interminable, de su personaje K, desesperado por ser admitido por las autoridades del castillo que gobiernan el pueblo.

Entre el exceso paternalista y la carencia irresponsable, la burocracia y la administración del Estado -en sus diferentes niveles- se han ejercido con objetivos e intereses contrapuestos y en demasiadas ocasiones han olvidado la función principal por las que fueron creadas: servir a lxs ciudadanos para garantizar sus derechos, contribuir a que, facilitándoles los trámites, cumplan debidamente sus obligaciones y permitir el acceso democrático a todos los servicios públicos.

El crítico cultural inglés Mark Fisher, fallecido hace unos meses a temprana edad, en su libro Realismo capitalista. ¿No hay alternativa? dice que el autoritarismo y el capitalismo liberal no son de ninguna manera incompatibles. Desde que Margaret Thatcher, primera ministra de Reino Unido desde 1979 a 1990, y el republicano Ronald Reagan, presidente de EE.UU. entre 1981 y 1989, proclamaran el fin de la historia, el neoliberalismo siempre ha dependido más o menos del Estado, aun denostándolo a la vez. Esta relación paradójica quedó muy patente tras la crisis financiera de 2008 cuando el Estado, por recomendación de reconocidos economistas liberales, se apresuró a mantener el sistema bancario a flote. Nunca está de más recordar aquel “privatizar las ganancias, socializar las pérdidas” que con tanto acierto definía aquella relación cómplice entre gobiernos e intereses privados. Así nos lo recuerdan Emanuel Rodríguez e Isidro López cuando concluyen que la reestructuración de las cajas de ahorro mediante el FROB, impuesta por Europa en el año 2011, se presentó como un proceso de reestructuración bancaria, privatización y concentración de estas entidades financieras españolas, para evitar que todo el sistema financiero local y europeo se viera afectado por su situación de quiebra técnica tras la larga burbuja inmobiliaria de 1997-2008. Aunque el Estado es presentado como enemigo de los negocios y de lo privado, la verdad, es que el ciclo neoliberal ha sido todo lo contrario: la conquista del Estado por los negocios y los intereses privados. Aquí reside la permanente contradicción entre el liberalismo dogmático, y su rechazo de todo lo estatal, y el liberalismo realmente existente, que sabe que el capitalismo, tal y como lo conocemos, sería simplemente imposible sin la conquista del Estado. No ha habido una sola coyuntura histórica en la que los primeros hayan terminado plegándose a los segundos.

De esta manera, ese irrefutable pragmatismo del “esto es lo que hay” o “no hay alternativa posible” que Fisher denomina “realismo capitalista”, sería algo parecido a una atmósfera general -un régimen- que condiciona no solo la regulación de la economía y, en consecuencia, la desigual distribución de las rentas del trabajo, sino también los modelos de educación, el cuidado de nuestra salud individual o colectiva y todos los mecanismos de producción cultural y simbólica, impidiendo cualquier alternativa al pensamiento dominante.

Según Fisher, la complicidad que se origina en la alianza entre neoliberalismo y Estado tiene en la burocracia su principal aliado. Puede parecer un misterio -insiste- el hecho fehaciente de que la ingeniería burocrática de la vida haya intensificado tanto su alcance bajo los gobiernos liberales, que se presentan justamente como antiburocráticos y antiestatalista; sin embargo, no se puede considerar, de ningún modo, una anomalía sino una lógica de complicidad necesaria para que el Estado resulte útil a los beneficios privados y un obstáculo para el óptimo desarrollo de los derechos sociales y el bien común.

El giro de la economía fordista -sistema socioeconómico basado en la producción industrial en serie, localizada y regulada sindicalmente- al posfordismo- producción intangible, trabajo flexible, desregulado y deslocalizado- ha provocado enormes daños colaterales en la calidad de las relaciones laborales y sociales, al mismo tiempo que ha multiplicado las formas de control tecnológico y burocrático sobre nuestras vidas. En lugar de terminar con el exceso de reglamentaciones abusivas e inverosímiles –tal como era la falsa promesa de los ideólogos neoliberales- la combinación de nuevas tecnologías de control con gerencialismo intervencionista ha incrementado la presión administrativa sobre ciudadanos y trabajadores. Aunque parezca mentira, cuanto más autoritario y enmarañado sea el Estado, más fácil son los recovecos por los que se cuelan las intrigas palaciegas y los intereses de los más poderosos con sus cómplices políticos y mediáticos (ahí está el caso reciente de la manipulación interesada – postverdad- que se ha producido cuando se ha tratado de desvelar los entresijos económicos e intereses particulares que oculta el caso Open de tenis/Caja Mágica de Madrid).

El Roto El Pais

El trabajo burocrático, no importa cuan provisorio ni nimio sea, implica ahora la realización de otros metatrabajos: monitoreo inagotable, múltiples informes, hojas de ruta de todo tipo, declaraciones de principios, confección de registros, inventario de objetivos y metas, evaluaciones permanentes, aumento de contadores, examinadores, auditores y demás, que conllevan una constante postergación de las decisiones e incomprensibles retrasos en la ejecución de las acciones previstas. En teoría, se supone, para garantizarnos la calidad del servicio y ejercer mejor el control democrático, incluso al precio de aplastar la paciencia de cualquiera, paralizar la innovación social y política, impedir la transformación institucional y, derivando recursos hacia esa parafernalia burocrática y retrayéndolos de otros fines prácticos, por supuesto, elevar los costes de la administración.

En definitiva, dice Fisher, una especie de estalinismo de mercado y antiproducción burocrática, en la medida que el capitalismo posfordista toma del estalinismo soviético, para repetirlo, la primacía formal de la evaluación retórica de los objetivos -en cierto modo propaganda- sobre la eficacia del desempeño real de los fines perseguidos. Es un proceso que se repite siempre con predictibilidad científica: en cualquier lugar en el que aparezca –la universidad, el sistema sanitario, la cultura pública, etc.- la burocracia deja de ser un medio para la ejecución y mejora de algún servicio y pasa a convertirse en un fin por derecho propio. Se invierte una parte importante del trabajo cognitivo en planificar objetivos y la otra en verificar o justificar que estos se van a cumplir. Se hace más esfuerzo por asegurar que los servicios ofrecidos sean representados y controlados correctamente que por mejorarlos.

Joaquín Vázquez, miembro de BNV, pequeña productora cultural independiente, en las jornadas Pensar la cultura celebradas hace unas semanas en Sevilla, se refirió en concreto al abandono por parte de las nuevas municipalidades de la lucha que es preciso desplegar contra la creciente burocratización a la que se está sometiendo la producción, distribución y exhibición de cultura contemporánea. La proliferación de los expedientes administrativos que hay que seguir para cualquier tipo de contratación, suministro, prestación de servicio; las montañas de papeleo que han de rellenar los servicios encargados para estos fines, no sirven de nada, salvo para instalar, afirmar, hacer alarde y alabar el poder de la administración acreditadora. La creciente burocratización de las instituciones culturales es un poder que se extiende no sólo obstaculizando, sino también, y esto es muy importante, justificando la falta de acción e implementación de nuevas políticas culturales. La aplicación indiscriminada de procedimientos administrativos para las cuestiones más triviales y para tramos económicos que ni siquiera contempla ley, está produciendo el efecto de desmoralizar y acabar con la paciencia de los agentes, colectivos, grupos o pequeñas empresas que intentan y tienen derecho al acceso de los recursos públicos, ya que se les obliga -para sortear el tortuoso camino administrativo que se les presenta-, a la aceptación de unas soluciones que, paradójicamente, ese mismo poder administrativo ofrece, y que muy a menudo constituyen atajos, perversiones y simulacros de legalidad. De aquí la transcendencia que tiene para la izquierda política afrontar este debate que no es técnico sino político.

 Y es que, en efecto, estamos asintiendo a un incremento de la burocracia y la opacidad, bajo el pretexto de un simplificado discurso anticorrupción y de la transparencia al que los poderes políticos no son capaces de enfrentarse con toda la radicalidad que se precisa, pero que está contribuyendo a fortalecer y perpetuar una estructura burocrática y corporativa, que es quien, en definitiva, más corrompe, mutila, descascara y afantasma a las funcionarias, a los trabajadores públicos y a los propios representantes políticos, asegurándose de que su atención esté siempre desplazada, que no puedan escuchar, dice Mark Fischer, ni tan siquiera para aplicar las fórmulas más flexibles y claras que contemplan en el propio ordenamiento legal.

A esto se añade que los procedimientos toman formas implacables, inmunes al cuestionamiento o a la rectificación, lo que genera la frustración del trabajo de los funcionarios, y en consecuencia, en nuestra relación con la administración, solo encontramos servidores públicos más o menos hostiles en el camino. Afortunadamente, a pesar de que las condiciones materiales de producción en la administración estén colapsadas por la misma deriva gerencialista y burocrática, muchos tratan de llevar a cabo su trabajo con dignidad encomiable. En este sentido, el incesante incremento de culpabilización individual del trabajador público –funcionariofobia- sería la más peligrosa cortina de humo tras la que se oculta el verdadero problema estructural y sistémico contra el que no se hace nada o casi nada.

Así pues, la gestión “reformista” que ejercen las fuerzas de cambio que han alcanzado algunos ámbitos de poder no es suficiente para desenmascarar esa anómala alianza entre el mal estado pesado y las fuerzas liberal-conservadoras que se traducen en unos procesos de burocratización que son cada vez más kafkianos. Ciertamente, nos encontramos en un momento en el que, en palabras de la artista Hito Steyerl, las instituciones culturales están siendo claramente desmanteladas, infra-financiadas y sometidas a las exigencias de una economía neoliberal del espectáculo que nubla el paisaje de otras políticas culturales posibles, y vencidas por los imperativos de la gestión. Un contexto, por tanto, especialmente difícil para profundizar en la construcción de instituciones del común.

Para que haya una auténtica transformación social –concluye Fisher- es necesario construir un proyecto político que en realidad nunca empezó: la creación de una esfera pública democrática que implica subordinar el Estado a la voluntad general para que no se reduzca a mero instrumento de intereses particulares. Esta estrategia transformadora, para comenzar, debería optar por una gran reducción de la burocracia en una nueva batalla por la dignidad de las servidoras públicas y funcionarios, y de todas los ciudadanos.

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